Debemos regular la asignación discrecional de la Publicidad Oficial

En general, tanto la SIP, como otras investigaciones independientes, señalan que el principal instrumento que utiliza el gobierno nacional para influir en las decisiones de los medios de comunicación es la publicidad oficial. Lo que dejan en claro estos estudios es que la pauta oficial no se distribuye conforme a un criterio objetivo. Al respecto, el último informe de la SIP afirma que “la asignación de la publicidad oficial continua convertida en un sistema de premios y castigos presionando a medios y periodistas, puesto que se sigue sin aplicar criterios técnicos, ni ninguna regla de distribución objetiva”.

Sobre este punto, también la Asociación por los Derechos Civiles, realizó un informe denominado “Una censura sutil”. En el mismo se afirma: “detectamos desequilibrios significativos en la magnitud de la pauta otorgada, en términos monetarios y de volumen”, como consecuencia de analizar la pauta publicitaria otorgada al diario Pagina 12 y a América TV.

En mi opinión y en coincidencia con los estudios producidos por las ONG´s citadas, la discrecionalidad en el manejo de estos fondos públicos incide sobre la libertad de expresión porque permite premiar o castigar a los medios de comunicación y a periodistas por sus líneas editoriales y opiniones, afectando, en última instancia el funcionamiento nuestro sistema democrático.

Ante este panorama, el 24 de abril de este año presentamos un proyecto de resolución por el cual le solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre diversos aspectos vinculados con la distribución de la pauta oficial. Luego de algunas inexplicables decisiones administrativas vinculadas con la asignación del giro del expediente, todavía no pudo ser debatido por los diputados que integran la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

También, y ante el preocupante conflicto en la agencia estatal de noticias TELAM, presentamos otro pedido informes tendiente a clarificar las causas del mismo ya que no es posible que se afecte el funcionamiento de la única agencia periodística estatal y, en definitiva, se termine perjudicando el derecho a informarse de la ciudadanía.

Por último, presentamos un proyecto de ley para regular la publicidad oficial. Esta iniciativa, que fue originalmente presentada en el 2004, establece que la información pública debe ser difundida de forma eficaz, respetando la pluralidad de medios mediante una asignación no discriminatoria y a los mejores precios disponibles. El proyecto plantea que TELAM será la única agencia facultada para distribuir la publicidad oficial de todos los organismos del Estado (incluidos el Poder Legislativo y el Judicial). A tal fin deberá confeccionar un Registro de Medios de Comunicación en donde se deberán inscribir todos los medios que deseen recibir publicidad oficial. También TELAM deberá contar con información sobre el índice de penetración del medio masivo que será elaborado por la Cámara de Control de Medición de Audiencias u otro organismo no gubernamental.

Estas son algunas de las acciones que desde la oposición estamos promoviendo para generar las condiciones para un debate serio sobre la situación de la libertad de expresión en el país, como condición necesaria para la construcción de un sistema democrático moderno y sano.