¿Democratización de la palabra o amenaza a la libertad de expresión?

Gran parte de los proyectos que se presentan en la Comisión son, en realidad, denuncias acerca de probables violaciones a la libertad de expresión en nuestro país. Libertad permanentemente amenazada con hechos y dichos. Existe, pero con restricciones. Existe, pero entre comillas.

Basta citar el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuando reitera su preocupación por el “agravamiento del clima oficial” manifestado “con diferentes ataques, amenazas y proyectos que podrían conducir, de modo directo o indirecto, a intimidar o afectar la tarea periodística”. Además, alerta sobre “el manejo discrecional de la información, el abuso discriminatorio de la pauta del Estado o la promoción de proyectos administrativos y legislativos, que podrían tener como fin controlar y debilitar a los medios, tanto en su faz periodística como en su independencia económica”.

Paradójicamente quien hoy propone el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es este Gobierno sospechado, por las más serias organizaciones de la sociedad civil, de atentar contra la libertad de expresión. Aún más llamativo es que en los últimos años no ha dado quórum para discutir la problemática en el ámbito institucional y democrático donde debe hacerse: el Congreso Nacional.

Es importante aclarar que, si bien, la Ley de Radiodifusión que se pretende reemplazar, se encuentra vigente desde 1980, ha sido modificada y complementada en 213 ocasiones y en 30 de sus artículos durante gobiernos democráticos. Entonces, no es sólo un legado de la dictadura, aunque muchos no lo reconozcan o prefieran instalar consignas más que discutir profundamente los problemas.

Por todo lo anterior, creo que debemos ser muy cuidadosos a la hora de reflexionar sobre esta propuesta del Poder Ejecutivo ¿No será que se pretende amedrentar a los medios de comunicación y asegurar su “buena predisposición” en la campaña nacional que se avecina? ¿No servirá para amenazar o castigar algún sector determinado? El anuncio oficial suena a advertencia y no a genuina preocupación por legislar un área tan controvertida.

En este sentido, considero que es necesario discutir y legislar en materia de libertad de expresión, pero en este contexto electoral y de crisis mundial, me parece que no es oportuno dar esta discusión. La nueva ley debe surgir de una verdadera reflexión sobre el rol de los medios en nuestro país y los contenidos que hacen a nuestra sociedad.

De la propuesta oficial, rescato la pretensión de pluralidad, la diversidad e igualdad de acceso. Sin embargo, me preocupa la figura de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación puesto que no será un organismo autárquico, sino que dependerá de la Secretaría de Medios, es decir será otro organismo de control politizado. Además es muy sospechoso que éste, revise cada dos años las reglas por las que son otorgadas las licencias, su duración, criterios para ser licenciatarios ¡Justo entre elecciones!

A la vez, estoy convencida que discutir esta ley obviando el acceso a la información pública, significa una falta gravísima en materia de libertad de expresión. Y crecer en materia de libertad de expresión es enriquecer nuestra democracia