Hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura

El nuevo equilibrio que plantea mi proyecto, dista de ser el que presentaba la ley original, y refleja una propuesta del Doctor Reinaldo Vanossi: la disminución de la participación de legisladores y la autorización a las Cámaras para designar representantes no legisladores. Creo que el ejercicio simultáneo de ambas funciones, diputado/senador y miembro del Consejo de la Magistratura, no es aconsejable por razones del tiempo de dedicación que implican, aunque no descarto que alguna persona pueda asumir este reto exitosamente. Por ello, es que el proyecto otorga una opción en este tema.

En mi propuesta intento también recuperar para el organismo la presidencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evitar así la superposición y repetición de decisiones y acciones administrativas, la doble burocracia, que se produce cuando la Corte no está representada en el ámbito del Consejo.

Introduzco asimismo una incompatibilidad para los funcionarios y empleados del Consejo. Estos no podrán concursar los cargos de jueces o ser promovidos en los mismos, si fueran magistrados, mientras dure su desempeño en el Consejo y hasta después de transcurrido un año desde la finalización del ejercicio de la función.

Por último planteo mejorar el vínculo del Consejo con el Poder Legislativo, incorporándole nuevas funciones.

En nuestros días, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo son usuales y se concretan a través de canales de comunicación previstos formalmente por las normas constitucionales o el Reglamento de las Cámaras, o producto de la informalidad propia de contactos políticos ya asentados por el ejercicio democrático.

Distinta es la situación que presenta la relación del Poder Judicial con el Legislativo. Carece este de poder de iniciativa legislativa y es mínima la presencia de sus miembros en los debates de los temas que les preocupan. Por otra parte, son muy excepcionales los pedidos de informes por escrito dirigidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, a partir de la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura se inicia un vínculo importante entre el Poder Legislativo y el Judicial aunque aún no totalmente desarrollado.

El Poder Judicial carece de iniciativa legislativa por cuanto dicha facultad no ha sido contemplada por la Constitución Nacional y sus sucesivas reformas. Extraña que no hayan reparado en ello los constituyentes de 1994, ante la profusión de normas constitucionales provinciales y extranjeras que así lo contemplan.

Para menguar en parte esta falencia es que propongo autorizar al Poder Judicial a:

n Elaborar anteproyectos de leyes relativos a la creación de nuevos tribunales o reorganización de los existentes y a la administración del Poder Judicial, a fin de ser elevados al Poder Ejecutivo a los efectos del ejercicio de la iniciativa contemplada en el artículo 77 de la Constitución Nacional.

n Emitir opinión acerca de los proyectos de ley referidos a la constitución, organización y funcionamiento de la Justicia que le sean remitidos en consulta por el Poder Legislativo.

n Elevar informes al Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el estado de administración de la justicia nacional.

La ley vigente le permite al oficialismo de turno bloquear la remoción y nombramiento de los jueces. El Consejo se politizó, perdió su independencia y también se vió comprometida la administración de los fondos para el Poder Judicial.

Mi propuesta es, entonces, despolitizar y equilibrar el Consejo de la Magistratura, disminuyendo la injerencia del poder político de turno.