Justicia y Democracia

La justicia continúa siendo uno de los blancos predilectos del gobierno nacional. A fines del año pasado algunos funcionarios le dedicaron con orgullo sus primeros exabruptos kirchneristas y otros, como Amado Boudou, directamente la señalaron como la causante de todos los males. Ahora, finalmente, llegó el turno de la mal llamada ‘democratización’ del Poder Judicial.
La Presidenta dejó en claro ayer que el paquete de medidas es un capítulo más del ‘vamos por todo’ y pretende llevar el control sobre la justicia hasta las últimas consecuencias. Su reforma de la justicia es tan contradictoria como cuando quiso explicar que la ‘democratización’ no significaba que el Poder Judicial no fuera ‘democrático’.
Entre otras cosas, anunció la creación de cámaras de casación para que las causas no lleguen a una Corte Suprema que no le es afín, y pretende politizar aún más el consejo de la magistratura al punto que sus componentes serán sometidos ahora a la votación popular y la consecuente campaña electoral.
Por otra parte, algunas de las medidas de control anunciadas como la publicidad de los actos del Poder Judicial no tienen asidero si las causas contra los funcionarios del gobierno continúan cayendo en manos de jueces federales como Oyarbide o de la Procuradora General Gils Carbó que con sus últimas declaraciones denota su falta de ecuanimidad.
Los impulsores de esta pretendida reforma que brega por una ‘Justicia legítima’ son los mismos que no permiten funcionar a los organismos de auditoría y control creados precisamente por la Constitución para tales fines. ¿De qué manera? Limitando sus funciones, recortando sus presupuestos y poniendo cuadros políticos propios. Así es que, por ejemplo, mantienen vacante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, especializada en investigar y perseguir delitos de corrupción.
¿Alguien puede creer que esta reforma es para mejorar la calidad y el acceso a la justicia? El Poder Ejecutivo se adueñó del Congreso, al cual sólo permite sesionar con quórum propio según su agenda, y ahora pretende controlar también al Poder Judicial. El kirchnerismo lleva designado el 54% de los jueces del poder en el que dice no querer entrometerse. Su primer avance fue la modificación de la ley del consejo de la magistratura en 2006 que permite al oficialismo nombrar jueces a su antojo, y ahora propone la elección popular de sus miembros. Siempre se puede politizar un poco más.
Finalmente, hay que decir, respecto a la incorporación del mencionado concurso de cargos, que éste debería existir no sólo para el Poder Judicial sino también para todos los empleos del Legislativo y el Ejecutivo. El gobierno se ampara en la obtención del 54% de los votos y responde a todos aquellos que no comparten sus atropellos a las instituciones, que se limiten a presentarse en los próximos comicios. ¿Eso es lo que entienden por democracia?
La introducción de la política y el Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial va de la mano de la desnaturalización de las instituciones que venimos viviendo en este último tiempo y no es otra cosa que corrupción.
El acto de corrupción consiste en la solución perversa de un conflicto de intereses, y es público y notorio el origen de ese entramado cuyo nombre y apellido es un medio de comunicación, al cual la Presidenta ayer no pudo dejar de hacer alusión.
Es necesario respetar el equilibrio de los poderes del Estado para garantizar la independencia de la Justicia en la Argentina y el cumplimiento de la Constitución Nacional.

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