La falta de control es sinónimo de impunidad

Estos funcionarios funcionales son los encargados del (des) control. Son responsables de organismos de auditoria y control que, paradójicamente, lejos de ser independientes y autárquicos, están extremadamente politizados.
Así no se investiga y no se denuncian irregularidades. Es que en realidad no se detectan irregularidades, sino problemas de gestión, que en el peor de los casos terminan en un informe interno.
Así funcionarios que investigan y denuncian son perseguidos. Se proscribe e inhabilita a un funcionario como Manuel Garrido a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que investiga casos de corrupción del Gobierno y que ha sido el único fiscal que se opuso al cierre del expediente por el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirschner, a declarar ilegales las pruebas más fuertes en el caso de las coimas de Skanska y el único que se atrevió a denunciar formalmente los manejos arbitrarios de los índices del INDEC, por ejemplo.
Así se encubren los delitos y se afianza la impunidad, se ponen en juego las instituciones democráticas y se violan los tratados internacionales en la lucha contra la corrupción.
¿Contra la corrupción? Imposible sin organismos que realmente controlen, investiguen y denuncien. Imposible con organismos de control politizados y con amigos a su cargo. Imposible sin una verdadera Ley de Acceso a la Información Pública que permita brindar herramientas de control a la ciudadanía.
El estado debería fomentar la transparencia, enriquecer el funcionamiento de la democracia con instituciones independientes y autárquicas. Hay que fortalecer las instituciones, no destruirlas. Y en este sentido, el Congreso debería recuperar su independencia de criterio y además de legislar, controlar.
La corrupción no puede ser la norma. El gobierno debería administrar los fondos públicos como si fueran propios, pero no apropiarse de lo público.