Mi posición sobre el voto a los 16

I  – El proyecto aprobado concede derechos políticos a los jóvenes de 16 y 17 años, pero a ellos les debemos muchas cosas:

  • una ley penal juvenil,
  • el acceso pleno a la salud,
  • una  educación de calidad,
  • políticas que faciliten su inserción laboral,
  • seguridad pública para que puedan desarrollar sus vidas,
  • felicidad y paz.

Sin embargo, no existe hoy a nivel nacional un enfoque integrado en materia de políticas de juventud y menos aún proyecto estratégico.

No es ocuparse de los jóvenes tomar decisiones políticas aisladas, espasmódicas.

No es ocuparse de los jóvenes hacer declamaciones y menos aún fingir consultarlos, sin permitirles que se expresen, sin verdaderamente oir lo que tienen que decir a través de procedimientos más universales y democráticos, menos digitados por la propaganda política para obtener los resultados que quien consulta desea.

II – En esta Cámara deberíamos estar tratando proyectos que se ocupen de procurar la necesaria continuidad entre las iniciativas destinadas a la niñez, la adolescencia, la juventud, las personas adultas y los adultos mayores, generando las sinergias correspondientes. (Rodriguez Ernesto. 2010. “Políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe: ¿Qué sabemos sobre planes, institucionalidad y herramientas?”, Tendencias en foco nº 15, redEtis IIPE-UNESCO.)

Cada proyecto que tratamos debería tener una visión transversal, cada reforma legislativa que proponemos debería evaluar rigurosamente su impacto en las nuevas generaciones.

En POLÍTICAS DE JUVENTUD deberíamos tener metas concretas, distinguir claramente las responsabilidades institucionales y asegurar recursos presupuestarios efectivos

Por ejemplo, EN MATERIA DE SALUD, es preciso elevar el nivel de prioridad que la salud ocupa en los jóvenes.

Deberíamos proponernos revisar e intentar cumplir con el informe  de la Organización Mundial de la Salud, año 2010, que entre otras cuestiones recomienda que los jóvenes:

  • tengan participación y responsabilidad en la implementación de políticas de salud;
  • se les facilite las oportunidades de fortalecer los aspectos positivos de sus estilo de vida;
  • se preste apoyo a sus problemáticas centrales  como el tratamiento de las cuestiones vinculadas con el abuso de alcohol, el consumo de tabaco, de drogas, la salud sexual y reproductiva.

EN MATERIA DE INSERCIÓN LABORAL, debemos desarrollar programas que provean oportunidades de trabajo concretas, que permitan a los jóvenes insertarse en ámbitos de trabajo en los que exista seguridad y buenas condiciones para el desarrollo de las actividades.

Y falta fundamentalmente, un SISTEMA EDUCATIVO que sea más equitativo y efectivamente provea herramientas para una futura inserción laboral.

III – ¿Qué estamos haciendo, salvo asistencialismo, por los jóvenes que no estudian ni trabajan (23 por ciento de quienes tienen entre 18 y 24 años, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2010, último dato disponible)

El psicólogo Alejandro Schujman, advierte en su libro “Generación NI NI” “No son chicos que la estén pasando genial a expensas de los padres. Son chicos, chicas, grandotes, grandotas y asustados. Un ‘ni-ni’ es quien pudiendo elegir no elige.  El sistema no logra motivarlos para desarrollar su proyecto personal, para insertarse laboralmente o estudiar más allá del secundario, esto para aquellos que logran terminarlo, ya que 11,8 por ciento tiene primario incompleto y 37,2 secundario incompleto.  

Experimentan desesperanza frente al mercado laboral, han sufrido el desempleo de sus padres en el contexto de una crisis e ingresan pensando que van a perder el puesto”.

IV – Tengo varias preguntas:

¿Cómo asegurar que la concesión de derechos que hoy hará la mayoría en esta Cámara, no se convierta luego en manos de sus ejecutores en una forma de manipulación de jóvenes?

¿Se informará, capacitará, instruirá a los jóvenes para que elijan entre todas las opciones? ¿o se lanzará una propaganda furiosa para captar sus votos? ¿o se los acarreará de un lado a otro?

¿Cómo nos aseguraremos de que posean todas las herramientas para tomar la mejor decisión?

¿Cómo garantizaremos que nos se les conculque el derecho que hoy le estamos acordando, ya sea por la influencia que tienen sobre ellos el entorno familiar, el puntero local?

¿Quién controlará que la poca asistencia social que tienen los más desprotegidos no se convierta en moneda de cambio por un voto?

V – Según UNICEF “la adolescencia” – el proyecto de Código Civil unificado denomina adolescentes a las personas entre 13 y 18 años – “es un período vital, en el que aún se necesita de la protección de los adultos para garantizar el goce de derechos. Este debate debe ser entendido como una forma más de garantizar el ejercicio de un derecho para los adolescentes, y no como una forma de ingreso temprano en la adultez, lo que sería una vulneración de los derechos de los adolescentes”.

VI – El voto es un “derecho”, un poder reconocido por el ordenamiento a los individuos para que interven­gan en la adopción de las decisiones políticas. (Miguel Angel Presno Linera “El derecho de voto como derecho fundamental” www.jurídicas.unam.mx)

La exigencia de una edad mínima para el ejercicio del voto tiene una relación directa   la capacidad para autodeterminarse, para intervenir en la formación de las diferentes opciones políticas y para poder pronunciarse sobre ellas, lo que únicamente puede hacerse si se cuenta con la capacidad suficiente para discernir entre unas y otras propuestas

Con el voto  los jóvenes tienen la posibilidad de aumentar su influencia en la definición de la “agenda pública” de manera que sus necesidades y problemas adquieran una mayor relevancia.

Pero el voto también es un deber constitucional. Desde 1994, la Constitución determina que “el sufragio es universal, secreto y obligatorio”. Y en su artículo 40 establece que sólo en la consulta popular no vinculante el voto no es obligatorio

VII – Llegamos a este debate sin haber analizado la coherencia entre edades mínimas para distintas actividades, derechos y obligaciones. Sin haber considerado la propuesta del nuevo Código Unificado en este tema

Por un lado, tenemos la Ley 26.579, que estableció la mayoría de edad a partir de los 18 años. Sólo a partir de los 18 años hay una imputabilidad penal y una capacidad civil y comercial plenas.

Desde los 16 años hay imputabilidad penal (aunque limitada). En el plano laboral, según la Ley Nº 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente la edad mínima de admisión al empleo es a los 16 años, aunque debe estar autorizado por los padres. Desde los 14 a los 18 hay cierta capacidad civil (consentir contratos de locación, ejercer profesiones con título habilitante, capacidad para emanciparse por matrimonio con autorización de los padres, etc.)

DANIEL SABSAY aseguró que “en materia de capacidad debe haber determinada coherencia: para todos los actos de la vida civil importantes recién se adquiere la verdadera personalidad para contraer obligaciones y responsabilidades a los 18. Antes, para casarse, para salir del país, para conducir, no es suficiente tener 16 años”.

VIII – Bajar la edad para votar NO ES TEMA DE DERECHOS HUMANOS Este argumento a favor de la emancipación se asocia con la conquista del voto por parte de las mujeres y los esclavos.

  • En este sentido, el argumento antitético de CHAN Y CLAYTON sostiene que el paralelo no es convincente: el sexo y la raza son características permanentes de las personas, y la segregación de mujeres y esclavos era vitalicia. En cambio, la restricción etaria es sólo temporal, afecta a todos los ciudadanos por igual y, eventualmente, garantiza a todos su derecho al voto.23 Por otro lado, no queda claro por qué sería violatorio a sus derechos humanos negar el voto a jóvenes de 16 y 17 y no hacerlo con jóvenes de 15 o 14 años.
  • Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño– que, por otra parte, establece en 18 años el umbral de lo que considera un niño – garantiza en sus artículos 12, 13, 14 y 15 diversos derechos ligados con lo político (incluyendo la oportunidad de ser escuchado, libertad de expresión, de pensamiento, conciencia y religión y hasta libertad de asociación) pero no el derecho al voto.

IX – La verdadera transformación  política reside  en educar cívicamente desde la temprana edad, y actuar decididamente en el camino del fortalecimiento de las instituciones. Todo ello en el marco de un apoyo irrestricto al sistema democrático.

¿Qué significa educar al nuevo ciudadano?

  • En primer lugar significa educar cívicamente desde la más temprana edad. Hemos descuidado la educación del  niño y adolescente en sus derechos y obligaciones cívicas.
  • En segundo término implica generar en el ciudadano el genuino interés de participar políticamente para elegir a sus mejores representantes en el gobierno.
  • Es también crear las condiciones para que surja una dirigencia política nueva y capacitada: democratización interna de los partidos políticos, y escuela de dirigentes.
  • Por último exige facilitar los mecanismos legales de participación democrática.

 “Es un proceso que requiere impulsos en varios frentes porque una cultura política se genera y transmite esencialmente a través de agentes socializantes o formadores de opinión y valores, como son la familia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los partidos políticos y las instituciones políticas”[1]

Las instituciones originariamente responsables de transferir el conocimiento y la responsabilidad cívica a los jóvenes han sido la escuela, las asociaciones de jóvenes, las organizaciones religiosas y estudiantiles, los medios de comunicación e informalmente las familias, las comunidades y los pares.

Hoy día se han incorporado las organizaciones no gubernamentales y lentamente van adquiriendo conciencia de su rol en esta materia los gobiernos.

En este contexto, EL CONGRESO NACIONAL Y LAS LEGISLATURAS CONSTITUYEN EL ÁMBITO ADECUADO PARA COMENZAR, DESDE EL GOBIERNO, UNA TAREA DE EDUCACIÓN CÍVICA concreta que permita en un futuro próximo contar con ciudadanos más comprometidos en el destino de su país y sobretodo capaces de elegir a los mejores representantes.

Las instituciones legislativas pueden:

  • informar y educar sobre las reglas básicas de derecho, los derechos humanos, el proceso legislativo y las maneras de participar en la formación de la decisión política,
  • desarrollar programas que motiven a niños y adolescentes a participar en la identificación y resolución de conflictos comunitarios,
  • promover la investigación en temas de interés para la población joven.
  • Los cuerpos legislativos cuentan con organismos tales como bibliotecas, centros de capacitación y direcciones de información e investigación legislativa, que pueden llevar a cabo la tarea de difusión de temas cívicos a  través de conferencias, talleres y seminarios.
  • Los legisladores, por su parte, poseen los espacios físicos y las posibilidades de convocar a la gente joven a debatir sus cuestiones en las Cámaras, pueden escucharlos en sus comisiones o entrevistarlos personalmente.
  • También, junto a sus funcionarios,  pueden visitar escuelas o reunirse con los jóvenes en sus lugares de recreación o asilo y ofrecer clases prácticas de derechos cívicos.

El ciudadano en formación debe aprender sus derechos y  las diferentes funciones del gobierno e identificar las maneras de actuar para intervenir en la toma de decisiones, – los cómo, dónde y cuándo. El joven debe entender que el derecho de participar implica importantes responsabilidades y por sobretodo comprender cuán difícil resulta la construcción de consensos, indispensables para la vida democrática.

[1]PERINA RUBEN, “Cultura política y crisis de gobernabilidad”, Coordinador Area de Fortalecimientos Institucional de la Unidad para la Promoción de la Democracia, OEA, Washington DC, 5 de febrero de 2002.