Sumar participación ciudadana

A través de procesos institucionales que permitan recibir y considerar sus peticiones, reclamos y sugerencias. Ello facilitará a los dirigentes conformar una agenda de temas doblemente legitimados por su intervención y la participación ciudadana.

No estoy hablando de poner en marcha procesos complejos y costosos, sino partir de las herramientas de participación que ya poseemos, simplificándolas en algún caso, e incorporando algunas nuevas.

Por supuesto que esta tarea requiere que el oficialismo y la oposición acuerden en el Congreso revisar algunas leyes y sancionar otras nuevas. Pero justamente de esto se trata: de transitar una conversación que nos permita alcanzar acuerdos. Eso significa dialogar.

En este sentido, he presentado tres proyectos este año:

1) Una nueva ley de iniciativa popular que permita al ciudadano ejercer su derecho sin mayor dificultad.

Proponemos simplificar su redacción, tornándola más comprensible. Nuestra propuesta disminuye el número de firmas exigidas y compensa esta mayor flexibilidad con un control más estricto de la veracidad de las mismas.

2) Un proyecto que completa los proyectos de ley presentados por particulares u organizaciones de la sociedad civil. Según nuestra práctica parlamentaria estos proyectos tienen recepción en las Cámaras y se los remite a las comisiones, pero sólo serán tratados si son recogidos por un legislador y presentados bajo su nombre. La propuesta obliga a la Comisión que recibe el proyecto a informar al presentante sobre la recepción y estado de los mismos y a convocarlo a las reuniones en que el mismo sea tratado.

3) Un proyecto sobre Agenda Legislativa de Tratamiento Preferente, cuyo objeto es planificar el debate y la aprobación de leyes que son importantes para el país dando cabida a la participación ciudadana en su formulación.

A estas propuestas individuales debe necesariamente sumarse el proyecto de la Diputada Nacional Silvana Giudici, que acompaño con mi firma, sobre acceso a la información pública. El libre acceso a la información que posee el Estado genera transparencia en la gestión de gobierno y redunda en beneficio de una mejor imagen de las instituciones democráticas. Es además, requisito fundamental para facilitar la participación ciudadana: no existe posibilidad alguna de participar en la adopción de decisiones públicas si no contamos con la información adecuada.

El diálogo va más allá de los colores políticos, más allá de las ambiciones personalistas. Va más allá de los anuncios oportunistas y de las palabras sin contenido ni concreción.

El verdadero diálogo es dejar de invocarlo en vano y concretarlo. Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil no pueden ser ajenos.