Un vehículo necesario para atraer inversiones

Una de las medidas medulares que Mauricio Macri prometió llevar a cabo al asumir la presidencia fue la de reactivar la obra pública. No sólo por las carencias de infraestructura -eternamente prometidas e incumplidas en su mayoría por las sucesivas administraciones- sino también por la oportunidad que las obras representan como generadoras de fuentes de trabajo genuinas.

El tema es que para que la rueda de las inversiones en infraestructura tome ritmo y velocidad, se requiere de la participación activa de empresas privadas y organismos internacionales. Y convencer al mundo de volver a confiar en una república que durante los últimos 15 años incumplió decenas de contratos con compañías extranjeras que apostaron por la Argentina, es una tarea profunda, que requiere de señales claras y compromiso.

Nuestro desafío es volver a posicionarnos como un país serio y transparente. Volvimos a ser confiables. Y uno de los vehículos que necesitamos para certificar que en la Argentina tenemos nuevamente reglas de juego claras para todos, es la Ley de Participación Público Privada, sancionada la semana pasada en el Congreso Nacional. Este es un marco regulatorio que incentivará inversiones conjuntas de largo plazo entre el Estado y las empresas privadas, para ayudar a realizar mucho de lo que hace falta. Se trata de obras que van a generar puestos de trabajo, especialmente en pymes.

Con esta nueva ley, apuntamos a reunir lo mejor del sector público con lo mejor del sector privado, a través de la facultad del Estado de adjudicar contratos a empresas que se provean su propio financiamiento con la inclusión de mecanismos para fortalecer el control y garantizar la transparencia en los procesos de adjudicación, como la creación de una comisión bicameral de seguimiento de contratos.

La Participación Público Privada estipula que los bienes y servicios contratados durante las obras tengan como mínimo un 33% de componente nacional. Con este nuevo marco asociativo, esperamos atraer inversiones por unos u$s 30.000 millones por año.

La corrupción disfrazada de sobreprecios y de coimas es un nefasto capítulo que ya es parte del pasado. Hoy la realidad nos convoca para que entre todos diseñemos reglas claras y transparentes que faciliten la inversión que la Argentina necesita.

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